Accionistas de Terra piden a la Generalitat de Cataluña que reabra la investigación sobre el 'caso Olé'



BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

La Asociación Internacional de Accionistas de Terra (Accter.com) ha pedido al Gobierno catalán que reabra la investigación sobre el 'caso Olé', el buscador de Internet que dio origen a la actual Terra. La petición fue formulada en una reunión mantenida con responsables de Economía de la Generalitat.

'Olé' fue un buscador que nació en 1995 y que fue desarrollado con recursos públicos por la Fundació Catalana per a la Recerca (FCR), dependiente de la Generalitat. A los ocho meses la Fundació Catalana per a la Recerca lo vendió a su fundador, Pep Vallès, por 200.000 de las antiguas pesetas.

Tres años después, Olé fue comprado por Telefónica por 3.000 millones de pesetas. A juicio de la asociación de accionistas de Terra, la Generalitat "privatizó" el buscador "Olé" sin la autorización preceptiva del patronato de la FCR", que en aquel momento presidía el ex conseller de Economía de la Generalitat, Macià Alavedra.

Vallés, un trabajador de Cinet, la empresa creada por la FCR para intervenir en el área de informática, revendió posteriormente el buscador en 1998 a Infosearch Holdings SA, una sociedad instrumental radicada en Luxemburgo, según la asociación.

Siempre según esta versió, entre los accionistas de Infosearch Holdings SA figuraban el propio Josep Vallés y el consejero de Telefónica Martín Velasco, los cuales vendieron "Olé", a su vez, a Telefónica por 3.000 millones de pesetas. Telefónica cedió igualmente a los accionistas de Infosearch Holdings SA derechos sobre acciones de Terra (empresa creada a partir de Olé).

Accter.com considera que el caso fue inexplicablemente abandonado por la anterior administración de CIU: la Asociación de accionistas ha pedido a la Generalitat que reabra el caso.

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona archivó en abril de 2003, a instancias del ministerio fiscal, la mayor parte del 'caso Olé' tras tres años de investigación al considerar que los imputados no cometieron delitos de apropiación indebida o estafa. Entonces no archivo la acusación de un delito contra la Hacienda Pública, aunque expresó su dudas sobre la investigación de este delito



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