La Ley de Protección de Datos de Carácter Personal sólo es cumplida por el 10 por ciento de las empresas españolas





VIGO, 12 (EUROPA PRESS)

El director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Piñar, destacó hoy en Vigo que solo el 10% de las empresas que ejercen su actividad en la geografía española han inscrito los ficheros de datos personas que manejan en el Registro de Protección de Datos, lo que denota "un alto nivel de incumplimiento" de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).

José Luís Piñar compareció hoy ante los medios en el Club Financiero Vigo donde participó en un almuerzo coloquio e indicó que la "inmensa mayoría" de las empresas públicas españolas y las administraciones publicas cumplen la ley, al igual que el sector financiero, el sanitario, o las grandes superficies comerciales, entre otros.

"El dato es relevante --indicó-- porque demuestra que las grandes bases de datos, las que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos están dentro de la legalidad".

Además, precisó que hay un porcentaje elevadísimo de pymes que no ha inscrito sus ficheros por lo que la agencia ha suscrito un convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio y se han iniciado numerosas actividades de divulgación para superar las lagunas existentes.

Aunque la agencia nunca actúa de oficio ni realiza campañas de investigación "para cazar infractores" sino que actúa previa denuncia, el porcentaje de datos amparados por la ley es elevado.

CORTAFUEGOS Y ANTIVIRUS

El representante de la agencia reclamó hoy más dotación de medios humanos para luchar contra las infracciones e invitó a los ciudadanos a adoptar medidas oportunas para evitar las consecuencias de los denominados "spam" o correos electrónicos no deseados.

Así, precisó que igual que se instalan alarmas antirrobo en las viviendas es preciso instalar cortafuegos y antivirus en el ordenador además de ser muy cautos con los datos que se facilitan a través de la red.

La agencia, que se ha embarcado en un serio compromiso serio contra los spam ha impuesto la primera sanción de 30.000 euros por conductas de este tipo y tiene varios expedientes a punto de concluir para evitar que estas acciones perturben la actividad de las personas o de las empresas.

Así, recordó que es necesaria una media de 15 minutos para deshacerse de un correo electrónico no deseado por lo que se pierden millones de horas en esta actividad, al margen de los trastornos que ocasionan como virus, robo de identidad y libretas de direcciones de los ordenadores.

SANCIONES

La Agencia, entidad competente para luchar contra este tipo de conductas tramita una media anual de 1.000 expedientes infractores, si bien el número de denuncias es mayor, pero muchas de ellas no dan lugar a expediente que solo se tramita cuando hay indicios.

Las sanciones oscilan entre 600 y 600.000 euros, penan conductas como el tratamiento o la cesión no consentidas de datos, la violación de medidas de seguridad o de nivel de secreto.

Otras infracciones castigadas son no informar al ciudadano sobre el uso que se dará a los datos que se le han solicitado, el manejo de datos incorrectos o inexactos y el envió de correos electrónicos no deseados, supuesto en el que se tramitaron 100 casos en el último año.

Piñar informó de que la agencia cuenta actualmente con una plantilla de 114 personas que actúan en todo el territorio nacional apostó por la firma de convenios de ámbito nacional e internacional para luchar eficazmente contra los correos electrónicos no deseados.

SECTORES MAS INFRACTORES

Los sectores más infractores son los de telecomunicaciones, entidades financieras, sanidad, seguros y venta a distancia, es decir los que manejan mayor volumen de datos y aunque observan un buen compromiso con la ley e "es lógico que registren un mayor número de infracciones.

Incluso se han encontrado incumplimientos recalcitrantes o de mala fe con supuestos en los que se recaban datos fraudulentos en los que incluso se falsifica la firma de personas, muchas veces ancianos que reciben la visita a domicilio de alguien que les invita a rellenar un formulario para acogerse a una oferta.

A veces, el usuario se niega a firmar pero "una vez recabados los datos le falsifican la firma". Los datos de la persona empiezan a circular como si la firma hubiera legitimado un consentimiento.

Al respecto señaló que la Agencia actúa de forma implacable con sanciones de 300.000 euros, para perseguir estos supuestos en los que la persona puede encontrarse con una factura de un servicio que no ha contratado nunca o se ve incluido en ficheros de morosidad.

LOS MENORES

Sin embargo, reconoció que la ley no protege especialmente los datos de los menores de edad, que a veces facilitan sus datos personales en Internet sin autorización de padre, madre o tutor. Esta situación supone un tratamiento ilegal cuando el consentimiento del menor no es válido.

Por otra parte, la legislación vigente tampoco protege a las empresas que son objeto de tratamiento ilegal de sus datos, si bien distingue entre datos de protección general y datos especialmente protegidos que se refieren a la salud, filiación sindical, religión, ideas políticas o vida sexual de las personas.

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